Para comenzar, comparto un ensayo que escribí la semana pasada basado en una presentación y lectura del Dr. WILLIAM B. EIMECKE de la Universidad de Columbia quien actualmente actúa como Director del Picker Center for Executive Education del School of International Affairs en dicha institución.
El tema principal es la ética y el liderazgo, como se complementan o destruyen. Me base en un fragmento de una investigación publicada por el SIPA (EIMICKE, William B, COHEN, Steven, PÉREZ SALAZAR, Mauricio. Ethical Public Entrepreneurship: Common Dilemas from North and South America. Summer 2000. p. 229-244.). Espero sus comentarios.
"De acuerdo con el artículo en referencia, la incompetencia de un funcionario público significa un abuso de su posición, una violación a la confianza pública y una ruptura a las reglas de la ética.
Ser competente es un asunto de ética y se puede comprobar en los casos citados por los autores del texto. Cuando el proceso de toma de decisiones es llevado a cabo por funcionarios incompetentes es muy probable que las técnicas utilizadas por éstos no sean óptimas y resulte en una pobre distribución de los recursos públicos.
Los países en desarrollo son más vulnerables a este tipo de situaciones, pues la capacidad de los funcionarios públicos esta muy limitada por la debilidad administrativa y técnica de sus instituciones.
El caso del derrumbe de Doña Juana en 1998, citado en la lectura, es una muestra de cómo la falta de competencia de los funcionarios públicos llevó a que se escogiera una compañía que talvez no era la idónea para la administración del depósito sanitario. Cuando no es posible encontrar el responsable en este tipo de desastres se da un rompimiento al ciclo de aprendizaje para la creación de empresas públicas viables que resulta perjudicando el bien común.
La incompetencia de algunos funcionarios públicos puede también generar fenómenos como la protección a todo costo de su trabajo, fortaleciendo el clientelismo político donde los puestos son entregados por cuotas. El caso de Indianápolis da una solución a esta situación cuando el alcalde Goldsmith destituye a doce gerentes medios que obtuvieron sus posiciones gracias a favores políticos.
En cuanto a la privatización de la recolección de basuras en Bogotá, el sistema de precios por peso de los residuos recogidos no mejoró el servicio como se esperaba. Las nuevas compañías canalizaron sus esfuerzos hacia la recolección de residuos de construcción y otros de alto peso, con el fin de incrementar sus ingresos. Esto fue corregido con el montaje de sistemas de subsidios entre las diferentes zonas de la ciudad, mejorando cubrimiento y calidad del servicio entre otros.
Los beneficios económicos y éticos se obtienen siempre y cuando la corrupción esté controlada. De acuerdo con la presentación del Dr. William B. Eimicke “Public Ethics and Controlling Corruption” la privatización abre las puertas a numerosas oportunidades de corrupción, pues se trata de negocios muy grandes donde es sencillo esconder actos ilegales. Esta situación es común en ciudades como Bogotá e Indianápolis donde los intereses políticos de la privatización son altos.
Los autores sugieren cinco reglas de ética que deben seguirse durante el proceso de privatización o contratación de terceros por parte de las entidades del estado, como medidas para asegurar dichos beneficios económicos y éticos. Estas incluyen la búsqueda de la justicia bajo la ley, servir el interés público ante el individual, garantizar análisis profundo de los temas, actuar con compasión y empatía y asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas.
Siempre y cuando se siga la Regla de Oro de ética, la cual reza “trata a los demás como quisieras que te trataran a ti”, por parte de quienes contratan (el estado) y los contratistas (privados), se podría garantizar que las decisiones resultaran en un bien para el mayor número de personas.
Otra recomendación para ciudades como las indicadas anteriormente, es el garantizar el acceso a información a terceros. Con ello se lograría una mayor transparencia en el cumplimiento de las funciones de las entidades públicas.
Ahora, el papel de los entes de control también debería fortalecerse y la relevancia política de sus opiniones tender a aumentarse, esto buscando que el bien público se respete y optimice.
Con todo lo anterior se puede visualizar claramente que la ética es un instrumento esencial en el camino hacia la creación de empresas privadas viables con capital público. Para ello es necesario que quienes administren las ciudades estén dispuestos a tomar riesgos calculados a pesar de su costo político con el fin de lograr beneficios que a largo plazo repercutirán en el correcto manejo de los bienes públicos lo cual significará un beneficio para la comunidad.
Dentro de este proceso de privatización es fundamental contar con audiencias públicas para vigilar las decisiones tomadas por la administración, de forma tal que las mismas se lleven a cabo a través de estrictos criterios de objetividad y transparencia vitales como garantía del respeto por el bien público.
Lo que permite al final a las instituciones públicas ganarse la confianza de los ciudadanos, es la posibilidad de que éstos vean en ellas manejos honestos que sirvan al interés general, y que guarden compasión y empatía por sus necesidades.
La principal herramienta para garantizar una distribución adecuada de los recursos es el aprendizaje resultado del hacer. Es fundamental que los gobiernos asuman las responsabilidades que vienen con sus decisiones. Esto resultará en un voto de confianza por parte de la comunidad quien considerará que cuenta con líderes competentes y con visiones a largo plazo dispuestos a aprender de experiencias pasadas. "
El tema principal es la ética y el liderazgo, como se complementan o destruyen. Me base en un fragmento de una investigación publicada por el SIPA (EIMICKE, William B, COHEN, Steven, PÉREZ SALAZAR, Mauricio. Ethical Public Entrepreneurship: Common Dilemas from North and South America. Summer 2000. p. 229-244.). Espero sus comentarios.
"De acuerdo con el artículo en referencia, la incompetencia de un funcionario público significa un abuso de su posición, una violación a la confianza pública y una ruptura a las reglas de la ética.
Ser competente es un asunto de ética y se puede comprobar en los casos citados por los autores del texto. Cuando el proceso de toma de decisiones es llevado a cabo por funcionarios incompetentes es muy probable que las técnicas utilizadas por éstos no sean óptimas y resulte en una pobre distribución de los recursos públicos.
Los países en desarrollo son más vulnerables a este tipo de situaciones, pues la capacidad de los funcionarios públicos esta muy limitada por la debilidad administrativa y técnica de sus instituciones.
El caso del derrumbe de Doña Juana en 1998, citado en la lectura, es una muestra de cómo la falta de competencia de los funcionarios públicos llevó a que se escogiera una compañía que talvez no era la idónea para la administración del depósito sanitario. Cuando no es posible encontrar el responsable en este tipo de desastres se da un rompimiento al ciclo de aprendizaje para la creación de empresas públicas viables que resulta perjudicando el bien común.
La incompetencia de algunos funcionarios públicos puede también generar fenómenos como la protección a todo costo de su trabajo, fortaleciendo el clientelismo político donde los puestos son entregados por cuotas. El caso de Indianápolis da una solución a esta situación cuando el alcalde Goldsmith destituye a doce gerentes medios que obtuvieron sus posiciones gracias a favores políticos.
En cuanto a la privatización de la recolección de basuras en Bogotá, el sistema de precios por peso de los residuos recogidos no mejoró el servicio como se esperaba. Las nuevas compañías canalizaron sus esfuerzos hacia la recolección de residuos de construcción y otros de alto peso, con el fin de incrementar sus ingresos. Esto fue corregido con el montaje de sistemas de subsidios entre las diferentes zonas de la ciudad, mejorando cubrimiento y calidad del servicio entre otros.
Los beneficios económicos y éticos se obtienen siempre y cuando la corrupción esté controlada. De acuerdo con la presentación del Dr. William B. Eimicke “Public Ethics and Controlling Corruption” la privatización abre las puertas a numerosas oportunidades de corrupción, pues se trata de negocios muy grandes donde es sencillo esconder actos ilegales. Esta situación es común en ciudades como Bogotá e Indianápolis donde los intereses políticos de la privatización son altos.
Los autores sugieren cinco reglas de ética que deben seguirse durante el proceso de privatización o contratación de terceros por parte de las entidades del estado, como medidas para asegurar dichos beneficios económicos y éticos. Estas incluyen la búsqueda de la justicia bajo la ley, servir el interés público ante el individual, garantizar análisis profundo de los temas, actuar con compasión y empatía y asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas.
Siempre y cuando se siga la Regla de Oro de ética, la cual reza “trata a los demás como quisieras que te trataran a ti”, por parte de quienes contratan (el estado) y los contratistas (privados), se podría garantizar que las decisiones resultaran en un bien para el mayor número de personas.
Otra recomendación para ciudades como las indicadas anteriormente, es el garantizar el acceso a información a terceros. Con ello se lograría una mayor transparencia en el cumplimiento de las funciones de las entidades públicas.
Ahora, el papel de los entes de control también debería fortalecerse y la relevancia política de sus opiniones tender a aumentarse, esto buscando que el bien público se respete y optimice.
Con todo lo anterior se puede visualizar claramente que la ética es un instrumento esencial en el camino hacia la creación de empresas privadas viables con capital público. Para ello es necesario que quienes administren las ciudades estén dispuestos a tomar riesgos calculados a pesar de su costo político con el fin de lograr beneficios que a largo plazo repercutirán en el correcto manejo de los bienes públicos lo cual significará un beneficio para la comunidad.
Dentro de este proceso de privatización es fundamental contar con audiencias públicas para vigilar las decisiones tomadas por la administración, de forma tal que las mismas se lleven a cabo a través de estrictos criterios de objetividad y transparencia vitales como garantía del respeto por el bien público.
Lo que permite al final a las instituciones públicas ganarse la confianza de los ciudadanos, es la posibilidad de que éstos vean en ellas manejos honestos que sirvan al interés general, y que guarden compasión y empatía por sus necesidades.
La principal herramienta para garantizar una distribución adecuada de los recursos es el aprendizaje resultado del hacer. Es fundamental que los gobiernos asuman las responsabilidades que vienen con sus decisiones. Esto resultará en un voto de confianza por parte de la comunidad quien considerará que cuenta con líderes competentes y con visiones a largo plazo dispuestos a aprender de experiencias pasadas. "
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